Cambios inesperados en el panorama político español que abocan a una necesaria reforma

 

Antonio Pérez Girón | Periodista y escritor

En un corto espacio de tiempo se han sucedido una serie de acontecimientos que han situado a España en las portadas de muchos medios internacionales y ha sacudido a la opinión pública española. No me refiero a la sorprendente eliminación de la Selección en el Mundial de Fútbol de Brasil, sino al panorama político español, comenzando por las elecciones al Parlamento europeo y la irrupción de la nueva organización Podemos (5 europarlamentarios), que ha sabido recoger una parte importante del descontento de la ciudadanía con la clase política.

Esa derrota del bipartidismo trajo consigo la dimisión del líder socialista Pérez Rubalcaba y ha abierto una crisis de gran calado en el principal partido de la oposición, que, en principio, parece conjurada con el proceso de elección de nuevo secretario general a través del voto directo de la militancia. Un proceso plenamente democrático que habrá de culminar con las primarias, que podría ser el respaldo definitivo al electo Pedro Sánchez. Sin embargo, ese camino de renovación no parece llegar al otro gran partido estatal. El Partido Popular no se da por enterado, a pesar de que los votos de la izquierda, habitualmente desunida, podría desplazarle de distintos gobiernos autonómicos e importantes ayuntamientos.

Al poco de los comicios europeos se produjo la inesperada abdicación del Rey Juan Carlos I en su hijo, el convertido tras su proclamación en Felipe VI. Este hecho provocó nuevas manifestaciones de los partidarios de la República, y el nuevo monarca ya ha anunciado un código de conducta y de fiscalización de las cuentas reales, tratando de recuperar el prestigio perdido de la institución tras los escándalos protagonizados por miembros de la Casa Real.

Como colofón aparece el ex presidente Jordi Pujol, referente de moderación y de apuesta autonomista catalana -aunque reconvertido al independentismo-, para anunciar que engañó a la Hacienda pública en paraísos fiscales y, consecuentemente, a los ciudadanos a los que predicaba moralidad. Más argumentos para los que defienden un cambio radical por la vía de un proceso constituyente. Un cambio, por otro lado, imposible desde la legalidad si no se cuenta con un apoyo mayoritario en el Congreso y se lleva a cabo una reforma constitucional. En cualquier caso, la reforma, a mi entender es necesaria, y sólo puede realizarse desde un amplio consenso. A partir de ahí se puede afrontar una vía federal que soluciones el encaje de Cataluña tras la difícil situación creada por la sentencia del Tribunal Constitucional contra una parte del Estatut aprobado en referéndum por los catalanes. Al mismo tiempo, que reafirme la condición de las nacionalidades, entre las que figura Andalucía, y defina los mecanismos de contribución y presencia en España.

El presidente Rajoy parece haber entendido que en este controvertido asunto no se puede mirar para otro lado y, al menos, ha abierto una vía de diálogo con el presidente Artur Mas, aunque la consulta para la independencia sea una cuestión insalvable en estos momentos.

La reforma necesaria

La necesaria reforma constitucional debe tener amplias miras y, como ocurrió en 1978, mucha dosis de generosidad. En esta ocasión no existen los poderes fácticos de entonces y tampoco se parte de una dictadura.

El actual sistema político nace del pacto constitucional como culminación de la Transición a la democracia tras la muerte del general Franco. El pacto fue amplio y en el mismo tuvo un papel clave el Partido Comunista de España (PCE), que aceptó la monarquía parlamentaria.

El pragmatismo del principal partido en la lucha contra la dictadura, posibilitó el consenso y “arrastró” al reticente Partido Socialista Obrero Español. Pero no era una actitud nueva la de los comunistas españoles, se trataba de la plasmación de la política contenida en el documento por la Reconciliación Nacional que el partido había hecho público en 1956.

Tanto el PCE como el resto de la oposición democrática eran conscientes que, a pesar de las multitudinarias manifestaciones por la ruptura total, no se contaba con la fuerza suficiente para derribar a un régimen, cuyo dictador había muerto en la cama y enterrado con todos los honores.

El Ejército mantenía los principios totalitarios de una institución que se sentía victoriosa de la guerra civil y para el que no existía razón alguna por la que los “rojos derrotados” volvieran a la escena política. Como perfecto aliado para desestabilizar la incipiente democracia actuó con toda virulencia el terrorismo de ETA y los violentos de la ultraderecha. Con estos mimbres el terreno estaba abonado para la temida involución política. Los dos intentos de golpe de Estado: la frustrada Operación Galaxia y el asalto al Congreso por guardias civiles al mando del teniente coronel Tejero fueron el corolario del permanente ruido de sables a que fue sometida el tránsito de la dictadura a la democracia, y que tuvo su continuidad con la conjura abortada de los coroneles días antes de la victoria socialista de octubre de 1982.

Con todo, el sistema creado permitió un cambio importante en España. Esa es una realidad constatable. Es cierto que ese consenso fue quebrado en 2011 por socialistas y populares al reformar el artículo 135 de la Carta Magna para imponer el criterio de estabilidad presupuestaria en la Administración, según mandatos exteriores. No obstante, la situación de crisis generalizada de instituciones y de la vida política, hace necesario un gran acuerdo que sirva para dar respuesta a los grandes problemas existentes. Para ello hay que armarse de buena voluntad y de sentido político de servicio, dejando posturas intransigentes y de frases fabricadas para la galería.

El panorama andaluz

Retomar el papel de Andalucía en esta encrucijada es un reto para los políticos que desarrollan su actividad en la comunidad. Ocuparse de la tierra a la que se deben y para la que han sido elegidos, debe ser la tarea prioritaria. La negativa de la presidenta Susana Díaz a liderar el Partido Socialista es un acierto, aunque su peso orgánico es manifiesto tras el Congreso Extraordinario que eligió a Pedro Sánchez.

Andalucía necesita políticos que hagan política andaluza sin deserciones. Ya ocurrió con Julio Anguita cuando abandonó un proyecto andaluz propio para salvar al Partido Comunista y hacer política en Madrid.

Aparte de ello, Andalucía carece de una formación propia con representación, con fuerza suficiente para hacer oír la voz de la comunidad, de las aspiraciones de los andaluces en todos los terrenos, capaz de articular un poder andaluz como ocurriera en los años de la Transición. El partido que entonces jugó ese papel –Partido Andalucista- no cuenta con voz en el Congreso ni en el Parlamento autónomo.

Tan sólo el Sindicato Andaluz de Trabajadores aparece en el panorama como movimiento que llama la atención de las clases más desfavorecidas del país andaluz. Sin embargo, sus líderes más carismáticos continúan formando parte de Izquierda Unida.

De otro lado el nuevo movimiento Asamblea de Andalucía, que lidera el antropólogo Isidoro Moreno no acaba de dar el salto a la lucha política y para colmo comete el error de pedir la abstención en las elecciones europeas.

En el extremo la Mesa Andaluza de la Izquierda Soberanista (MAIS) representa a grupos muy minoritarios y sin posibilidades dentro de la realidad política andaluza.

Un andalucismo desunido tendría que buscar su refundación desde presupuestos progresistas, buscando alianzas puntuales con organizaciones comprometidas con un programa andaluz, y abriéndose a colectivos sociales, culturales o ecologistas.

No cabe duda, y así lo vienen a confirmar las últimas encuestas, que el panorama político andaluz y su traslación parlamentaria va a cambiar sustancialmente con la irrupción de partidos como Podemos y con el afianzamiento de UPyD. El resto de formaciones habrán de reflexionar sobre estas nuevas realidades y entender que un tiempo nuevo ha hecho presencia a pesar de los propios políticos.

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