La incertidumbre que está sufriendo el Reino Unido y sus colonias con el Brexit, hace que estas sociedades mercantiles busquen lugares con estabilidad política y un marco legal claro y adaptado a las necesidades de cada compañía, incidiendo también en la importancia de ventajas fiscales para decidir de una manera más nítida, el lugar donde ubicarán su centro de operaciones.
A mediados de 2018, el Gobierno de España con Cristóbal Montoro al mando de las operaciones del Ministerio de Hacienda, optó para aprovecha la tesitura de un Brexit, que cada vez cogía más protagonismo en tierras británica, para convertir a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en paraísos fiscales para este tipo de actividades.
Uno de los motivos principales que hacía a las empresas ver su cambio de sede con buenos ojos, eran las grandes reducciones fiscales que Cristóbal Montoro y su equipo aprobaron por aquellas fechas, de hasta un 50%.
Pero esta no es solo una de las características que hace que Gibraltar pierda a bastantes de estas empresas, en detrimento de Ceuta y Melilla, sino que otros beneficios fiscales hacen que casi la totalidad de sociedades afincadas en el Peñón, den el salto a las dos ciudades autónomas ubicadas en el norte del continente africano.
La idea de todas estas entidades mercantiles, es que las actuaciones de la Administración española no se queden excepcionalmente en las fiscales, sino que el marco legal y regulatorio de un giro radical, para así poder potenciar a un sector que tiene un futuro muy halagüeño según todos los indicadores, y convertirse en referentes a nivel europeo, por encima del citado Peñón de Gibraltar o de Malta, una de las sedes también propensa para este tipo de actividades. A fin de facilitar las actividades de estas empresas no solo en el propio territorio español, sino también en el resto del “viejo” continente.
El espectro impositivo al que están sometidos tanto las personas físicas como jurídicas en España, es bastante amplio. Los dos principales impuestos como son el IVA y el IRPF también inciden en gran medida en la posibilidad de que nuevas sociedades mercantiles, establezcan su sede en territorio patrio. A la ya comentada reducción fiscal del 50% en el sector del juego, hay que añadir las situaciones especiales, que este ámbito tiene en materias de IVA, exención de hasta un 60% de las cuotas de IRPF, el 75% de bonificación de la correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio o el 50% de bonificación en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados son entre otros los beneficios que España pone en la mano del sector del juego, haciendo de Ceuta y Melilla un lugar idílico para implantar las sedes fiscales de estas grandes empresas, dedicadas a una de las actividades de ocio por antonomasia.
