EL TSJA confirma la ilegalidad de la suspensión de funciones que sufrió un policía local

La Sentencia dictada por el TSJA -Recurso 367/2018- en su fundamentación jurídica argumenta que ni el principio de efectividad que debe presidir la actuación municipal, ni la menor onerosidad aconsejaban objetiva ni subjetivamente la medida de suspensión de empleo y sueldo contra el Policía Local de Los Barrios.

La Sentencia establece que no se aprecia en qué medida la adopción de la suspensión de funciones ha beneficiado o asegurado el procedimiento, señalando que la necesidad de la medida cautelar brilla así por su ausencia.

USB señala que es una cuestión cuanto menos sorprendente el caso omiso que el Alcalde de Los Barrios hizo a los profesionales del derecho, pues la representación Letrada del Ayuntamiento dejó constancia en el Recurso de Apelación que actuó por mandato expreso del alcalde, Jorge Romero, pese a que el criterio de los servicios jurídicos municipales era de no apelar la sentencia de instancia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Algeciras.

USB señala que el asunto se agrava por una decisión arbitraria e irresponsable del alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, al no seguir la recomendación de los Servicios Jurídicos municipales y ordenar recurrir la Sentencia de fecha 18 de julio de 2018.

“Este abuso de poder” del que hace gala el alcalde Jorge Romero y que es permitido por los concejales que componen la Junta de Gobierno Local (Miguel F. Alconchel, José A. Gómez, Isabel Calvente, Elena Andrades, Carmen Roldán, José Gómez y Sara Lobato) le va a costar dinero a todos los ciudadanos de Los Barrios, dado que los responsables de haber tomado estas decisiones ilegales no van a pagar las costas de éste procedimiento judicial que ascienden a 300€ en segunda instancia y 200€ en la primera, a lo que habrá que añadir los intereses de demora por las cantidades que el Policía Local dejó de percibir durante los meses en los que estuvo suspendido de empleo y sueldo.

Además, para USB, la firmeza de la Sentencia da pie a iniciar una reclamación por responsabilidad patrimonial de la administración que podría costar unos cuantos miles de euros al Ayuntamiento de Los Barrios por “la pésima gestión de los ediles del PA- Los Barrios 100×100”.

Desde USB “consideramos que todos los ediles que componen dicha Junta de Gobierno Local llevaron a efecto esta medida por unanimidad, siendo conscientes de la gravedad de la misma, debido a la desconsideración y presunta persecución política que tienen hacia los agentes que integran el colectivo de la Policía Local motivada, entre otras cuestiones, por la denuncia de tráfico que interpusieron en su día al alcalde, Jorge Romero, y la denuncia en materia de urbanismo, contra la edil Isabel Calvente, por el famoso caso del porche ilegal”.

Integrantes de USB afirman que con la confirmación de la Sentencia N.º 130/2018 por el TSJA, se pone de manifiesto, una vez más, “la ilegal y nefasta política de personal contra los trabajadores municipales”. “Este tipo de actuaciones desconsideradas continúan perjudicando a la prestación de los servicios públicos básicos que reciben de los 24.000 vecinos de Los Barrios, que son los que tendrán que reflexionar de cara a las próximas elecciones municipales y valorar si quieren seguir asumiendo la responsabilidad de las actuaciones políticas ilegales que no paran de cometer los integrantes del PA- Los Barrios 100×100”, señalan desde el sindicato.

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