Redacción | Los Barrios
Según dicho decreto (93/2003, de 8 de abril), se están vulnerando varios aspectos, como la ausencia de un sistema de comunicaciones adecuado, peligrando con ello la integridad de los agentes de servicio, al estar incomunicados en actuaciones que entrañan riesgos.
Igualmente, el decreto establece que los municipios deberán dotar a sus Cuerpos de Policía Local con adecuadas dependencias e instalaciones para garantizar su labor, debiendo disponer del mobiliario y equipamiento tecnológico que faciliten la gestión policial. Sin embargo, tras la avería de la fuente de alimentación del único ordenador con acceso al terminal de tráfico y otras bases de datos y registros, lleva cerca de un mes sin repararse, siendo que el coste de la pieza a reparar supone tan sólo unos 10 euros.
Desde CSIF se han comunicado los hechos en unas tres ocasiones al Concejal de Seguridad ciudadana, pero “lamentablemente hace caso omiso a las indicaciones que supondrían una mejor prestación de los servicios básicos públicos”. Para CSIF resulta desalentador tener que negociar o dialogar con políticos “de tal bajeza” que ante esta forma de actuar demuestran que desconocen la razón de la existencia del personal funcionario.
“No son capaces de negociar una RPT para garantizar los servicios públicos básicos, y se dedican a crear una imagen distorsionada del conjunto de los trabajadores, a los que no dotan de los recursos materiales necesarios para que puedan desempeñar sus funciones.
Lamentablemente, para los políticos, los empleados públicos son algo incómodo, ya que somos los que nos interponemos en sus decisiones aplicando la legalidad o nuestro marco jurídico”, dice la central.
CSIF denuncia que el control que ejercen los funcionarios para la buena marcha del Ayuntamiento de Los Barrios, queda sin efecto tras la actuación de los actuales políticos. “Pronto tendremos privatizaciones de servicios públicos básicos (limpieza, jardines, alumbrado…), es decir, la gestión pública se hará desde un -coto privado-, saltándose todo el control administrativo, lo que podría suponer que los partidos que gobiernan metan a trabajar a sus afines y repartan la tarta a su manera, primando posibles intereses ocultos. Ni que decir tiene que a medio o largo plazo, las privatizaciones conllevarán un mayor coste para los ciudadanos”.
Si la Administración funciona mal, los responsables son los políticos que gobiernan, que son los que mandan. La opinión pública ha de entender que cuando el actual equipo de Gobierno se dedica a desacreditar a los empleados públicos, es una justificación demagógica ante su incompetencia para gestionar los servicios que demandan los ciudadanos, dice CSIF .
“Si los que mandan actualmente en los Barrios son PP-PA, es incomprensible que los trabajadores tengan que pagar por sus errores con bajadas de sueldos, despidos, anulación del convenio, imposición de una RPT que no ha sido consensuada, falta de medios, etc., que nos trasladan a tiempos que ya creíamos superados”, señalan los sindicalistas.
