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Ley Celaá: la derecha no defiende la libertad, solo sus privilegios

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El miércoles 23 de diciembre se aprobó la Ley Celaá, la octava ley de educación del régimen del 78. Esta ley está siendo sometida, como todas las que no ha redactado la derecha política y episcopal, a una campaña de acoso y derribo brutal. Ciertamente, ha conseguido el apoyo del Congreso y el Senado y el visto bueno de un buen manojo de partidos políticos, al contrario que la infame Ley Wert –a la que sustituye–, que no concitó ni un solo voto diferente al de la formación que la redactó.

Por eso es curioso que sea el Partido Popular quien pida un consenso que jamás buscó cuando gobernó. Y esa quizá puede ser la primera gran mentira o incoherencia de la derecha en sus críticas a la Ley. Es obvio que el consenso de todos los partidos políticos del parlamento aseguraría, al menos, la pervivencia del texto normativo cuando se produzca el siguiente relevo entre las grandes formaciones que se disputan el poder. Pero eso es poco menos que imposible. La derecha de este país, que aún camina bajo palio como hacía el dictador, está en las antípodas de cualquier cosa que suponga el abandono de los privilegios que obtuvieron en la dictadura y el postranquismo.

El PSOE, la izquierdita cobarde, tampoco es que haya redactado una ley revolucionaria. La Ley Celaá se queda muy muy corta en algunas cuestiones fundamentales. Por eso creo que hay que hacer un pequeño ejercicio de análisis de su contenido y, por supuesto, desgranar la propaganda de la derecha, para traducir al lenguaje común las consignas propagandísticas que lanzan desde sus buenos coches en las muchas manifestaciones de protesta acontecidas estos días.

Las tres derechas y su patrón común en estos temas, la Conferencia Episcopal, dicen en su jerga de neolengua, que esta ley acaba con la libertad de elección de centro de los padres. Esto parece muy grave, la libertad es un bien sagrado ¿no era así?

¿Qué hay detrás de esta afirmación? Para empezar deberíamos saber quién tiene realmente libertad de elección de centro y quien la ejerce. Desde luego eso no lo hacen las personas más necesitadas de atención educativa, ellos siempre van a donde les toca. Son los vástagos de las clases pudientes quienes huyen de los centros públicos de su barrio para buscar centros concertados, pagados con el dinero de todos y todas, convertidos en auténticos clubes exclusivos. Con la ley Wert y las anteriores, la escuela concertada se convirtió de facto en un conjunto de centros privados encubiertos pagados por el erario público. Un chollazo ¿verdad?.

Los hijos e hijas de obreros, de inmigrantes, de minorías étnicas, las personas con diversidad funcional en edad escolar ¿dónde van? a la pública, siempre a la pública. Por el contrario, los descendientes de las clases más altas que no tienen centros privados a su disposición y que buscan –o no les molesta– el adoctrinamiento católico ¿dónde van? a la concertada. Es así de fácil. La vergüenza es que nuestros impuestos pagan ambos modelos y la segregación clasista de la población. Y mientras la pública se deteriora más y más por falta de inversión, la escuela concertada cada vez tiene estándares más altos de calidad material y menos fracaso escolar. Eso describe a un estado haciendo dejación de funciones y destrozando el ascensor social que permite una cierta igualdad.

¿Cómo han asegurado que «sus» centros se mantuvieran libres de morralla barriobajera a pesar de, a veces, coincidir geográficamente en el espacio? Pues poniendo cuotas mensuales inasumibles para economías de subsistencia. Eso es lo que prohíbe la Ley Celaá y eso es lo que la derecha no cuenta sencillamente porque no le interesa. No es libertad, son privilegios… y gratis.

¿Qué le podríamos pedir a un gobierno progresista? Pues una apuesta de verdad para acabar con el modelo de la educación concertada tras un plazo de reconversión razonable. Lo que ha sucedido durante estos años es justo lo contrario, cuando por cuestiones demográficas se han cerrando aulas o centros, el sacrificado siempre es el público, sea con gobiernos del PSOE o del PP. Podríamos poner numerosos ejemplos de este auténtico robo a mano armada que se lleva produciendo desde el 78 hasta la actualidad. En Andalucía, por ejemplo, en un feudo socialista –hasta esta legislatura–, se ha avanzado en este proceso hasta límites insospechados, transformándose a la escuela pública en subsidiaria de la privada concertada, especialmente en las capitales de provincia y grandes ciudades. En todas las capitales andaluzas el porcentaje de la concertada supera el 40%, salvo en Granada y Cádiz donde son más del 60%. En estás décadas atrás, los recortes del PSOE solo han afectado a la pública, jamás a la privada encubierta, para descrédito absoluto de la socialdemocracia que nos ha gobernado durante décadas.

Otra de las críticas que el trifachito hace de esta ley recientemente aprobada es su supuesto adoctrinamiento. ¿Qué significa adoctrinamiento en el lenguaje faccioso? La respuesta es sencilla: que a ellos no los van a dejar adoctrinar a placer. Sí, en los colegios públicos y privados se adoctrina. Una legión de curas, monjas y seglares, seleccionados y pagados con fondos públicos, imparte doctrina católica (catecismo), desde pequeñitos para perpetuar el nefasto papel de la religión católica en la sociedad. En la esfera privada cada cual puede creer lo que quiera, eso es respetable. Pero que se intente legislar para un país en función de los principios de una secta religiosa es una aberración insostenible. Lo acabamos de ver con la eutanasia –el derecho a una muerte digna– pero ya lo vimos también con el derecho al aborto, con el matrimonio igualitario o con el divorcio en su día. Siempre están tratando de hacer vivir a los no cristianos en base a una moral que no cumplen ni ellos.

¿Han sacado los sociatas y podemitas a los curas de los colegios? No, ¿verdad? ¿Qué han hecho para que se muestren tan disgustados? Pues que la religión católica no sea materia obligatoria y que no puntúe para la media de las notas de los expedientes académicos. Es decir, que no valga lo mismo que las matemáticas y la lengua. ¡Qué aberración! ¿Dónde está la Inquisición cuando se la necesita?

La religión católica seguirá siendo materia forzosa en todos los colegios del país, además se seguirá pagando con fondos públicos. Solo que no será obligatoria, ni tendrá que tener una materia sustitutiva orquestada para empujar al alumnado a recibir adoctrinamiento católico, muy impregnado de valores conservadores y alineado –generalmente– con posiciones de derecha y extrema derecha políticas. Ahora veremos de verdad quién escoge educación religiosa por convicción ¿acaso es eso lo que temen?

Como siempre, el PSOE se queda a medias, nunca llega ni a la mitad de lo que esperan sus votantes. Quien quiera que sus hijos reciban doctrina religiosa debería llevarlos a la iglesia, a la mezquita o a la sinagoga. La escuela, un templo del conocimiento, debería estar segregada de la superchería, la superstición y el sectarismo. Pagar a docentes externos elegidos por una confesión para que inculquen valores contrarios a los principios democráticos en sociedades avanzadas del siglo XXI, es una completa aberración que la LOMLOE eterniza aún más. Y lo sería aunque estuviésemos hablando de una iglesia moderna, comprometida con su tiempo, aunque incluso abrazara los fundamentos de la Teología de la Liberación. Al César lo que es del César y a dios lo que es de dios. Teóricamente vivimos en un estado aconfesional. Que se note, que se cumpla la Constitución de una vez por todas.

La otra cantinela que no cesan a repetir en todos los medios es que esta ley va a acabar con el castellano en aquellas comunidades donde hay lenguas cooficiales, especialmente en Catalunya. Curiosamente, en este punto, la igualdad entre ambas leyes es casi total, suprimiendo el reciente invento de lengua vehicular por el de un tratamiento al castellano «de conformidad con la Constitución Española». Parece que a los guardianes de la Carta Magna no les gustan las alusiones a su cumplimiento. ¿Por qué será? Pero lo importante es que esta ley no cambia nada en la práctica. Todo es propaganda y ruido mediático para ganar votos generando crispación y división en la sociedad. El modelo de inmersión lingüística catalán, por ejemplo y a su pesar, está refrendado por el Tribunal Constitucional y así seguirá aplicándose. Ni más ni menos.

La última cuestión polémica de la ley es la que dice que va a acabar con la Educación Especial. Enorme fake donde los haya. Lo que la norma pretende asegurar es que los colegios públicos dispongan de medios que faciliten la integración de las personas con necesidades especiales. Nadie debería estar recluido en un gueto si es posible que participe, con los apoyos necesarios, en las clases con alumnado de tu misma edad y vecindario. En este aspecto, lo único que se cumple con la LOMLOE es la demanda de la ONU, que obligó en 2018 al Estado español a incluir en la educación ordinaria a los niños y niñas con discapacidad. Es así de simple y, además, es una decisión que compete a los padres. ¿No piden libertad de elección de centro? Pues ahí va un ejemplo más y muy acorde con las corrientes actuales del tratamiento de personas con necesidades especiales.

Tenemos un grave problema en nuestro país. Posiblemente derivado de la educación tardofranquista de colegio de uniforme, sotana y profesorado seleccionado por sus ideales retrógrados. Lo que es normal en Europa, aquí lo consideran como algo revolucionario. La derecha ultramontana patria califica a medidas aplicadas por la derecha europea como propias del comunismo soviético y se quedan tan anchas. Necesitamos una segunda transición para acabar con los restos del franquismo que aún azotan la política, los medios y la judicatura de nuestro país. Mientras, un tímido avance como la Ley Celaá enfrentará críticas atroces y cerriles.

¿Sabéis cuál es el país europeo con mejor sistema educativo? Seguro que sí: Finlandia. Y allí, curiosamente, la educación privada es casi residual o inexistente. Pues eso.

El miércoles 23 de diciembre se aprobó la Ley Celaá, la octava ley de educación del régimen del 78. Esta ley está siendo sometida, como todas las que no ha redactado la derecha política y episcopal, a una campaña de acoso y derribo brutal. Ciertamente, ha conseguido el apoyo del Congreso y el Senado y el visto bueno de un buen manojo de partidos políticos, al contrario que la infame Ley Wert –a la que sustituye–, que no concitó ni un solo voto diferente al de la formación que la redactó.

Por eso es curioso que sea el Partido Popular quien pida un consenso que jamás buscó cuando gobernó. Y esa quizá puede ser la primera gran mentira o incoherencia de la derecha en sus críticas a la Ley. Es obvio que el consenso de todos los partidos políticos del parlamento aseguraría, al menos, la pervivencia del texto normativo cuando se produzca el siguiente relevo entre las grandes formaciones que se disputan el poder. Pero eso es poco menos que imposible. La derecha de este país, que aún camina bajo palio como hacía el dictador, está en las antípodas de cualquier cosa que suponga el abandono de los privilegios que obtuvieron en la dictadura y el postranquismo.

El PSOE, la izquierdita cobarde, tampoco es que haya redactado una ley revolucionaria. La Ley Celaá se queda muy muy corta en algunas cuestiones fundamentales. Por eso creo que hay que hacer un pequeño ejercicio de análisis de su contenido y, por supuesto, desgranar la propaganda de la derecha, para traducir al lenguaje común las consignas propagandísticas que lanzan desde sus buenos coches en las muchas manifestaciones de protesta acontecidas estos días.

Las tres derechas y su patrón común en estos temas, la Conferencia Episcopal, dicen en su jerga de neolengua, que esta ley acaba con la libertad de elección de centro de los padres. Esto parece muy grave, la libertad es un bien sagrado ¿no era así?

¿Qué hay detrás de esta afirmación? Para empezar deberíamos saber quién tiene realmente libertad de elección de centro y quien la ejerce. Desde luego eso no lo hacen las personas más necesitadas de atención educativa, ellos siempre van a donde les toca. Son los vástagos de las clases pudientes quienes huyen de los centros públicos de su barrio para buscar centros concertados, pagados con el dinero de todos y todas, convertidos en auténticos clubes exclusivos. Con la ley Wert y las anteriores, la escuela concertada se convirtió de facto en un conjunto de centros privados encubiertos pagados por el erario público. Un chollazo ¿verdad?.

Los hijos e hijas de obreros, de inmigrantes, de minorías étnicas, las personas con diversidad funcional en edad escolar ¿dónde van? a la pública, siempre a la pública. Por el contrario, los descendientes de las clases más altas que no tienen centros privados a su disposición y que buscan –o no les molesta– el adoctrinamiento católico ¿dónde van? a la concertada. Es así de fácil. La vergüenza es que nuestros impuestos pagan ambos modelos y la segregación clasista de la población. Y mientras la pública se deteriora más y más por falta de inversión, la escuela concertada cada vez tiene estándares más altos de calidad material y menos fracaso escolar. Eso describe a un estado haciendo dejación de funciones y destrozando el ascensor social que permite una cierta igualdad.

¿Cómo han asegurado que «sus» centros se mantuvieran libres de morralla barriobajera a pesar de, a veces, coincidir geográficamente en el espacio? Pues poniendo cuotas mensuales inasumibles para economías de subsistencia. Eso es lo que prohíbe la Ley Celaá y eso es lo que la derecha no cuenta sencillamente porque no le interesa. No es libertad, son privilegios… y gratis.

¿Qué le podríamos pedir a un gobierno progresista? Pues una apuesta de verdad para acabar con el modelo de la educación concertada tras un plazo de reconversión razonable. Lo que ha sucedido durante estos años es justo lo contrario, cuando por cuestiones demográficas se han cerrando aulas o centros, el sacrificado siempre es el público, sea con gobiernos del PSOE o del PP. Podríamos poner numerosos ejemplos de este auténtico robo a mano armada que se lleva produciendo desde el 78 hasta la actualidad. En Andalucía, por ejemplo, en un feudo socialista –hasta esta legislatura–, se ha avanzado en este proceso hasta límites insospechados, transformándose a la escuela pública en subsidiaria de la privada concertada, especialmente en las capitales de provincia y grandes ciudades. En todas las capitales andaluzas el porcentaje de la concertada supera el 40%, salvo en Granada y Cádiz donde son más del 60%. En estás décadas atrás, los recortes del PSOE solo han afectado a la pública, jamás a la privada encubierta, para descrédito absoluto de la socialdemocracia que nos ha gobernado durante décadas.

Otra de las críticas que el trifachito hace de esta ley recientemente aprobada es su supuesto adoctrinamiento. ¿Qué significa adoctrinamiento en el lenguaje faccioso? La respuesta es sencilla: que a ellos no los van a dejar adoctrinar a placer. Sí, en los colegios públicos y privados se adoctrina. Una legión de curas, monjas y seglares, seleccionados y pagados con fondos públicos, imparte doctrina católica (catecismo), desde pequeñitos para perpetuar el nefasto papel de la religión católica en la sociedad. En la esfera privada cada cual puede creer lo que quiera, eso es respetable. Pero que se intente legislar para un país en función de los principios de una secta religiosa es una aberración insostenible. Lo acabamos de ver con la eutanasia –el derecho a una muerte digna– pero ya lo vimos también con el derecho al aborto, con el matrimonio igualitario o con el divorcio en su día. Siempre están tratando de hacer vivir a los no cristianos en base a una moral que no cumplen ni ellos.

¿Han sacado los sociatas y podemitas a los curas de los colegios? No, ¿verdad? ¿Qué han hecho para que se muestren tan disgustados? Pues que la religión católica no sea materia obligatoria y que no puntúe para la media de las notas de los expedientes académicos. Es decir, que no valga lo mismo que las matemáticas y la lengua. ¡Qué aberración! ¿Dónde está la Inquisición cuando se la necesita?

La religión católica seguirá siendo materia forzosa en todos los colegios del país, además se seguirá pagando con fondos públicos. Solo que no será obligatoria, ni tendrá que tener una materia sustitutiva orquestada para empujar al alumnado a recibir adoctrinamiento católico, muy impregnado de valores conservadores y alineado –generalmente– con posiciones de derecha y extrema derecha políticas. Ahora veremos de verdad quién escoge educación religiosa por convicción ¿acaso es eso lo que temen?

Como siempre, el PSOE se queda a medias, nunca llega ni a la mitad de lo que esperan sus votantes. Quien quiera que sus hijos reciban doctrina religiosa debería llevarlos a la iglesia, a la mezquita o a la sinagoga. La escuela, un templo del conocimiento, debería estar segregada de la superchería, la superstición y el sectarismo. Pagar a docentes externos elegidos por una confesión para que inculquen valores contrarios a los principios democráticos en sociedades avanzadas del siglo XXI, es una completa aberración que la LOMLOE eterniza aún más. Y lo sería aunque estuviésemos hablando de una iglesia moderna, comprometida con su tiempo, aunque incluso abrazara los fundamentos de la Teología de la Liberación. Al César lo que es del César y a dios lo que es de dios. Teóricamente vivimos en un estado aconfesional. Que se note, que se cumpla la Constitución de una vez por todas.

La otra cantinela que no cesan a repetir en todos los medios es que esta ley va a acabar con el castellano en aquellas comunidades donde hay lenguas cooficiales, especialmente en Catalunya. Curiosamente, en este punto, la igualdad entre ambas leyes es casi total, suprimiendo el reciente invento de lengua vehicular por el de un tratamiento al castellano «de conformidad con la Constitución Española». Parece que a los guardianes de la Carta Magna no les gustan las alusiones a su cumplimiento. ¿Por qué será? Pero lo importante es que esta ley no cambia nada en la práctica. Todo es propaganda y ruido mediático para ganar votos generando crispación y división en la sociedad. El modelo de inmersión lingüística catalán, por ejemplo y a su pesar, está refrendado por el Tribunal Constitucional y así seguirá aplicándose. Ni más ni menos.

La última cuestión polémica de la ley es la que dice que va a acabar con la Educación Especial. Enorme fake donde los haya. Lo que la norma pretende asegurar es que los colegios públicos dispongan de medios que faciliten la integración de las personas con necesidades especiales. Nadie debería estar recluido en un gueto si es posible que participe, con los apoyos necesarios, en las clases con alumnado de tu misma edad y vecindario. En este aspecto, lo único que se cumple con la LOMLOE es la demanda de la ONU, que obligó en 2018 al Estado español a incluir en la educación ordinaria a los niños y niñas con discapacidad. Es así de simple y, además, es una decisión que compete a los padres. ¿No piden libertad de elección de centro? Pues ahí va un ejemplo más y muy acorde con las corrientes actuales del tratamiento de personas con necesidades especiales.

Tenemos un grave problema en nuestro país. Posiblemente derivado de la educación tardofranquista de colegio de uniforme, sotana y profesorado seleccionado por sus ideales retrógrados. Lo que es normal en Europa, aquí lo consideran como algo revolucionario. La derecha ultramontana patria califica a medidas aplicadas por la derecha europea como propias del comunismo soviético y se quedan tan anchas. Necesitamos una segunda transición para acabar con los restos del franquismo que aún azotan la política, los medios y la judicatura de nuestro país. Mientras, un tímido avance como la Ley Celaá enfrentará críticas atroces y cerriles.

¿Sabéis cuál es el país europeo con mejor sistema educativo? Seguro que sí: Finlandia. Y allí, curiosamente, la educación privada es casi residual o inexistente. Pues eso.

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