No me lo creo

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Hace cuestión de pocas semanas la derecha de este país se sumó entusiasmada a la multitudinaria manifestación en defensa del mundo rural. Y no solo eso. Se apuntó también al carro de la causa, erigiéndose en paladín de los pueblos olvidados de la mano de Dios, dentro de la geografía hispana, e incluyendo la correspondiente mención en sus programas electorales. Cosa que no me sorprende, pero sí que me invita a efectuar la reflexión que sigue.

Llama poderosamente la atención que sean las fuerzas políticas que menos han hecho –reivindicaciones emocionales y folclóricas aparte– por la protección y conservación de dicho entorno durante las últimas décadas –no hay más que fijarse en las regiones en las que más tiempo han gobernado para constatarlo– las que ahora vengan a querer abanderar el movimiento para su preservación.

Se reconozca o no, quienes más han contribuido a la defensa de ese patrimonio, y todo lo que ello implica, han sido –mal que les pese a algunos– las formaciones de la izquierda y los colectivos conservacionistas y ecologistas, con la valiosa ayuda –todo sea dicho– de la UE.

Me viene a la memoria, por ejemplo, el PER. ¿Se acuerdan? El llamado Plan de Empleo Rural instituido por el Gobierno de Felipe González en 1986 para Andalucía y Extremadura, en sustitución de lo que por aquellas fechas se denominaba “empleo comunitario”. Una medida que no solo sirvió para salvar de la miseria a muchos trabajadores agrarios, en estas dos comunidades autónomas, muy condicionadas por la presencia de grandes e improductivos latifundios, sino para dar vida y dotar de servicios mínimos a las pequeñas poblaciones diseminadas en las que dichos trabajadores residían, disminuyendo el éxodo hacia las grandes ciudades.

Y me viene a la memoria también, cómo no, lo que por aquel entonces los progenitores del PP decían al respecto. Que era un despilfarro y un sistema inventado por los sociatas para mantener cautivo el voto de los andaluces y los extremeños. Aunque cuando Aznar llegó a la Moncloa en 1996 no eliminó dicho plan –ganas no le faltaron–, simplemente le cambió el nombre.

Resulta que, mira por dónde, los mismos que abogan por la eliminación de las instituciones que más han contribuido al sostenimiento, progreso y desarrollo de las localidades menores de cada una de nuestras provincias, esto es, las diputaciones; los mismos que apuestan por el desmantelamiento de muchos de los organismos que las administraciones públicas han puesto en marcha para mejorar y universalizar servicios públicos esenciales en cada uno de nuestros núcleos urbanos, independientemente de su mayor o menor número de habitantes, a la vez que reniegan de la descentralización; los mismos que no tienen inconveniente alguno en acabar con toda traba a la especulación urbanística sin control, ¡pretenden vendernos la moto de que son quienes más se preocupan por la gente del campo!

¿Qué quieren que les diga? No, no me lo creo.

Más bien creo que lo que esta gente haría, si pudiera, es recuperar los antiguos señoríos y, con ellos, el feudalismo, en versión moderna y actualizada.

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