Redacción / Foto: Archivo | Los Barrios
Las primeras diligencias de este caso, que lleva instruyéndose desde 2014, y en el que tratan de dilucidarse las posibles ilegalidades cometidas por Jorge Romero y su equipo de gobierno en la tramitación y aprobación del plan de pago a proveedores de 2012, fueron incoadas por la fiscalía a raíz de la demanda interpuesta por la empresa Iglesias Peral, S.L.
En su comparecencia de febrero de 2015 ante dicho juzgado, que se prolongó unas dos horas, la exinterventora del Ayuntamiento de Los Barrios admitió entonces haber sufrido presiones por parte del alcalde, Jorge Romero, para que informara favorablemente respecto al pago a determinados proveedores.
La exinterventora municipal explicó ante el juez que informó desfavorablemente sobre cada una de las facturas que el equipo de gobierno presidido por Jorge Romero incluyó en el mencionado plan de pago y que lo hizo “por corresponder dichas facturas a deudas que no estaban siquiera registradas a 31 de enero de 2011, cuando debían estarlo para poder ser incluidas; por no contar ni con el visto bueno ni la conformidad de ningún funcionario, certificando la recepción por parte del Consistorio barreño del bien o servicio facturado, y por vulneración de lo previsto en la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas”.
Asimismo, reconoció que informó de la presunta ilegalidad de incluir en el citado plan, financiado a través del Ministerio de Hacienda, deudas millonarias de las empresas municipales que ya por entonces estaban disueltas y sometidas a concurso de acreedores.
La funcionaria declaró, además, que “el alcalde no adoptó resolución alguna respecto a las reclamaciones de cobro presentadas por los proveedores que solicitaron acogerse al plan de pago, a pesar de ser la única autoridad facultada para ello”, y que “dejó pasar el plazo previsto en el procedimiento para que la totalidad de dichas reclamaciones, como consecuencia del silencio administrativo adoptado por la institución, fueran aceptadas”.
También afirmó que en la tramitación del plan de pago advirtió de “numerosas irregularidades, como la inclusión de facturas duplicadas o ya prescritas y hasta certificaciones de obras y pagarés con intereses”, denunciando supuestas coacciones de Romero, así como la drástica reducción de personal ordenada por este en la Intervención, a pesar de la carga extra de trabajo asumida por el departamento en aquellas fechas, “para –a su juicio– dificultar su tarea de fiscalización”.
