Redaccion | Los Barrios
Lobato ha agradecido a todos los grupos de la Corporación que aprobaran esta propuesta y ha destacado que “estamos a la espera de conocer la resolución para 170 familias solicitantes de Los Barrios, que ha solicitado este tipo de programas que le hemos tramitado desde los servicios comunitarios del Ayuntamiento. Hasta el momento no sabemos nada de la resolución”.
“Son familias necesitadas y desde esta delegación seguimos mirando por el interés de los ciudadanos de Los Barrios, no podemos admitir ese silencio administrativo de la Junta de Andalucía con estas 170 familias, porque son convocatorias de emergencia. Nosotros sí hemos tramitado las solicitudes pero la Junta todavía no se ha manifestado”, matiza Lobato.
Lobato ha reiterado que “en nuestro municipio se han superado las 170 solicitudes a día de hoy, de las que 150 ya están registradas en el sistema informático SIRMI, a través del cual trabajan los servicios sociales comunitarios de cada Ayuntamiento con la delegación Provincial de Igualdad y Bienestar, y el Servicio de Andalucía Orienta, dependiente de la Consejería de Empleo”, apunta.
La Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, aprobada mediante Decreto-Ley 3/2017, de 19 de diciembre, regula la prestación económica orientada a la erradicación de la marginación y la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social que deberá incorporar un itinerario a través de un Plan de inclusión socio-laboral, en los términos establecidos en los artículos 42.1 y 42.2. de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.
Tienen derecho a la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, las unidades familiares cuyas personas miembros tengan vecindad administrativa en Andalucía, se encuentren en situación de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo, y cumplan los requisitos. Así como aquellas que, aún no cumpliendo alguno de los requisitos, se encuentren en situación de urgencia o emergencia social. La prestación económica de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía consiste en una prestación económica mensual del 78% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), calculada en doce mensualidades, vigentes en la fecha de resolución de la solicitud, incrementada ésta en un 10% del IPREM por cada persona integrante de la unidad familiar, distinta de la persona solicitante de la misma, hasta un máximo equivalente del 125% de dicho IPREM.
Recibida la solicitud y la documentación pertinente en los servicios sociales comunitarios, éstos lo remitirán a la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de servicios sociales, órgano encargado de su instrucción y resolución de la solicitud. El órgano gestor de la Delegación Territorial realizará las actuaciones de comprobación que resulten necesarias.
El plazo para resolver y notificar la resolución será de dos meses a contar desde el día primero del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver. Si transcurridos dos meses desde la presentación de una solicitud no se hubiere dictado resolución expresa, podrá entenderse que ésta ha sido desestimada. “Hay solicitudes que se enviaron hace más de siete meses, y no ha habido resolución por parte de la Junta de Andalucía”, concluye Lobato.
Es por ello por lo que en la propuesta también se insta a la Junta de Andalucía a cumplir exhaustivamente los plazos establecidos por el Decreto-Ley 3/2017, de 19 de diciembre que regula la prestación económica orientada a la erradicación de la marginación y la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social.
