La pasada semana tuvo lugar en Los Barrios una concentración de protesta, convocada por las centrales sindicales, contra las últimas agresiones verbales y amenazas sufridas por los profesionales que prestan sus servicios a diario en los dos centros de salud existentes en el municipio. Concentración que no fue multitudinaria –y quizá debiera haberlo sido– pero que con toda seguridad cuenta con el respaldo del cien por cien de la ciudadanía, incluyendo a la mayor parte de los propios agresores protagonistas –en cuanto autores– de los hechos violentos denunciados.
Decir que este tipo de sucesos son inaceptables, inadmisibles y, por tanto, condenables es más que una perogrullada, pero resulta bastante obvio que –porque se producen, y además con cierta frecuencia– se hace necesario recordarlo de cuando en cuando y proclamarlo, sobre todo para despertar conciencias, especialmente en aquellos que parece que las tienen dormidas.
Ahora bien, igualmente se hace necesario –en mi opinión– censurar a quienes un día sí y otro también, durante años, se han dedicado a desprestigiar nuestra sanidad pública. Y más aún a quienes lo han venido haciendo con datos manipulados y falseados, sin demasiados fundamentos y por razones políticas o –lo que es todavía peor– meramente partidistas. Porque esa campaña de desprestigio, orquestada principalmente desde la derecha, con la valiosa colaboración de un sector de la izquierda, tiene mucho o algo que ver con esa percepción falsa de una parte de la ciudadanía respecto a las deficiencias de nuestro sistema sanitario y predispone a que algunos energúmenos –los menos, por fortuna–, sintiéndose como legitimados ante cualquier incidente excepcional de carácter negativo que les afecte como usuarios, opten por reaccionar a las bravas, lo que merece todo nuestro rechazo y nuestra repulsa, cuando pueden recurrir a los cauces oficiales para presentar las correspondientes quejas o reclamaciones si consideran que se han visto mermados sus derechos.
Con una mayor vigilancia en nuestros centros de salud puede que se solucione una parte del problema, pero, aun así, también se han de tomar más en serio las medidas de concienciación, el refuerzo de la educación cívica –porque, en definitiva, se trata de una cuestión de falta de civismo– y, sobre todo, volver a poner en valor, como es debido, nuestra sanidad pública y la labor que desempeñan los trabajadores que hacen posible su funcionamiento.
El Servicio Andaluz de Salud (SAS), aun presentando carencias que son subsanables y muchos aspectos que son mejorables –¿quién podría sostener lo contrario?–, es altamente eficiente, al menos todavía. Y lo era también hace más de un año, ofreciendo en Andalucía coberturas que no se han ofrecido en ninguna otra comunidad del estado español, a pesar de las adversidades y la detracción de recursos que se han padecido durante los años de crisis, como consecuencia de los recortes presupuestarios procedentes de la administración central y los problemas de financiación que dichos recortes provocaron a su vez en la administración autonómica.
Pero, además de eficiente, es sostenible económicamente, por mucho que haya quien nos pretenda vender lo contrario movido por espurios intereses. Solo depende de una gestión justa, responsable y acertada de nuestros impuestos y, por supuesto, de la voluntad política del gobierno de turno para cuidarlo y mantenerlo.
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