Una Inspección de Educación eficiente en tiempos críticos (Segunda Parte)

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Rafael Fenoy Rico | Secretario de Comunicación Educaciónde la CGT

Para que podamos dimensionar la vorágine normativa actual debemos recordar que desde 1984 con la LODE, Ley del Derecho a la Educación, se han aprobado por el Congreso de los Diputados otras cuatro leyes orgánicas, la última de ellas, la LOE en 2006. En 23 años seis leyes de Educación, ya que probablemente en 2013 contemos con la sexta. Cada ley orgánica requiere un desarrollo normativo que supone al menos varios Reales Decretos, que deben ser completados por Decretos en los 17 ámbitos autonómicos con competencia en Educación, y de cada uno de ellos cuelgan órdenes y resoluciones. Una maraña de normas que, a fuerza de no derogarse sino parcialmente, dejan vivos aspectos de las anteriores conformando un abigarrado mosaico legal difícil de manejar por quienes se especializan en ellas, e imposibles de asimilar por la ciudadanía. No es cuestión de invocar aquello del tiempo pasado, pero como ejemplos podemos apuntar la vigencia de la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, promovida por Claudio Moyano, cuando era Ministro de Fomento, en tiempos de Isabel II, que prácticamente llegó, con el paréntesis de la II República, hasta 1970, año en el que se publica la Ley General de Educación, que estuvo operativa en muchos de sus aspectos hasta la LOGSE en 1990. Ambas leyes, la primera con más de cien y la segunda con 20 años de vigencia, nos trasladan un mensaje de estabilidad normativa imprescindible en materia Educativa.

Quienes han ido observando las intervenciones de los políticos responsables en materia educativa de las diferentes administraciones educativas, han podido concluir que los programas oficiales, proyectados mediáticamente como auténticas mejoras del sistema educativo, se han ido evaporando después de los primeros compases de su ejecución, llegando a desparecer, sin que la ciudadanía recibiera información consistente de los objetivos conseguidos, los recursos empleados y el grado de eficacia alcanzado. De hecho la queja constante, de todos los políticos dedicados a la educación, de que el sistema educativo estaba, y sigue estando en crisis, viene a confirmar que las acciones desarrolladas y las numerosas modificaciones normativas, de nada han servido para frenar el deterioro del mismo. No olvidemos que este sistema educativo sigue segregando a casi el 50% de todo el alumnado, haciendo más amplia y profunda la brecha que separa a los hijos y las hijas de familias modestas, de aquellos y aquellas que proceden de familias potentadas.

En esta tesitura alguien debería preguntarse dónde ha estado la Inspección de Educación. Donde se ha metido esta institución a la que las leyes le encomiendan la salvaguarda del derecho a la educación y también de los derechos de todas las personas que componen las comunidades educativas. Podría formularse la hipótesis de la posibilidad de que también la política se ha ocupado de transferir su responsabilidad de vigilancia y control a esta institución supervisora, al organizarle los planes de actuación para que se centrara en unos aspectos del sistema educativo y no en otros. Y cuando la mirada indagadora de la Inspección Educativa se ha posado en algún asunto, trasladando propuestas concretas, poco o nada se ha remediado. Debería analizarse sí las políticas de personal han estado o no al servicio de la estabilidad real del profesorado, sobre todo en centros con especiales dificultades. También si el reparto de ordenadores portátiles a decenas de miles de alumnas y alumnos ha provocado o no la extensión del uso de las tecnologías de la información en las aulas, o si la organización de las miles de horas de enseñanza en lengua extranjera, que recibe una alumna o un alumno a lo largo de su escolarización, deberían haberse modificado para garantizar ese aprendizaje imprescindible en nuestros días. De casi todo lo que ocurre en los centros escolares se ha pronunciado la Inspección de Educación, sin que ello haya, en muchas ocasiones, generado una respuesta de quienes ostentan la responsabilidad política para ello. En estos tiempos críticos, como los que vivimos, las instancias inspectoras, en todos los ámbitos (del Banco de España, de hacienda, de trabajo, sanidad…), pero en particular en el educativo, deben ser autónomas del poder político, de forma que sus informes, dictámenes y estudios sean conocidos también por la ciudadanía y todos los sectores de las comunidades educativas, a quienes deben servir. También en Educación es urgente mayor transparencia.

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