Conforme avanza el tiempo el inicio del curso escolar 2020-21 se va presentando como inminente. Desde el mes de junio, con el cese del estado de alarma y la implantación de la “nueva normalidad”, las direcciones de los centros educativos, pensaban, más que en el final del azaroso curso escolar, en el incierto nuevo curso.
Se trasladaron multitud de consultas relacionadas con los protocolos de seguridad en los centros, si estos abrían sus puertas y atendían presencialmente al alumnado. Pero las respuestas a esas consultas no llegaban. Se terminó la escolarización entre los meses de junio y julio, y en pleno agosto se van dejando caer mensajes desde el ministerio de educación y las comunidades autónomas, sobre un posible inicio de curso “sin incidencias”, siguiendo protocolos que, ahora ya, se hacían públicos, en los que se reflejaban medidas imposibles de aplicar, si no se resolvía el principal problema: El hacinamiento del alumnado en las aulas. Y se habla de hacinamiento, porque en ningún lugar público se permitiría lo que ahora parece “lógico” a los gobiernos de mantener en las aulas. En cualquier lugar público se ha reducido a la mitad el aforo, menos en los centros educativos. Reuniones de más de 10 personas está terminantemente prohibida, excepto en los centros educativos. Se atiende a los usuarios mediante cita previa, excepto en los centros educativos…
En definitiva contradicciones tras contradicciones, que en las situaciones actuales, donde se habla de rebrote y posible imposición de nuevo estado de alarma, llevan al portavoz Fernando Simón a advertir “del posible cierre de colegios en septiembre si es necesario”.
Y todo ello es así porque desde junio se viene aportando soluciones que cuestan dineros públicos y los politicos no quieren gastarse en esto los dineros que se tienen. Para ellos adquirir aviones, aportar dineros a la casa real o a la iglesia católica es más importante que garantizar el derecho a la educación de todas las niñas y niños españoles. Porque con el costo de un solo bombardero que adquirirá el ejército se pueden desdoblar decenas de miles de unidades, reduciendo las posibilidades de contagio y aumentando la prevención contra el virus.
Las direcciones de los centros tienen un feo, negro y delicadísimo papel que desempeñar en estos momentos. Y deben asumir su responsabilidad, pero sólo eso, la suya. Y su responsabilidad se limita a: Primero, informar ampliamente a la comunidad educativa de las instrucciones que recibe desde sus jefes. Segundo, a reflexionar con el Consejo Escolar y el Claustro de profesores como hacerlas viables. Tercero, trasladar a la delegación de educación las dificultades para contextualizarlas en ese centro concreto, aportando propuestas para que recibiendo medios suficientes personales y materiales poder atender presencialmente al 100% del alumnado de forma segura. Porque eso de la semi-presencialidad o la enseñanza a distancia pervierte el derecho a la educación de todo el alumnado. Aquí acaba su responsabilidad. Y sería aconsejable que toda la información documental que posea sea facilitada a todas las familias y personal del centro, mediante una carta en la que debería advertir que la dirección del centro no puede garantizar que el centro sea una zona libre de contagios y que declina cualquier responsabilidad si esos contagios se producen. Porque el artículo 43 de la constitución es muy claro sobre el derecho a la salud y el papel de las administraciones públicas para garantizarlo.
Hacer partícipe a toda la comunidad educativa de las medidas a adoptar en cumplimiento de las instrucciones recibidas y comunicar continuamente a la delegación provincial de la situación de difícil o imposible cumplimiento de las mismas, solicitando orientación y asesoramiento, por escrito, es una precaución necesaria en tiempos muy inciertos y además víricos.
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