Las trabajadoras exigen trabajar seguras frente a los riesgos de contagios y propagación del virus y otras enfermedades contagiosas, para que “el colectivo sea tenido en cuenta como sociosanitario, para que se acabe con la subcontratación a empresas sanguijuela, con la finalidad de que se eliminen las listas de espera de personas andaluzas a las que no les llega la atención social en sus domicilios y que se dignifiquen las condiciones sociolaborales y económicas de las miles de mujeres y hombres andaluzas que se dedican al cuidado de personas mayores y dependientes en todos los rincones de nuestra tierra”.
Esta nueva convocatoria de huelga, tras el acuerdo alcanzado en el Sercla con la Consejería de Igualdad y Asuntos Sociales el pasado 9 de octubre, tiene como objeto dar solución a distintas demandas del colectivo SAD en Andalucía, de las que los ayuntamientos andaluces y las empresas privadas a las que subcontratan el servicio “son responsables por la avaricia inmunda de una patronal del sector sin escrúpulos, a la que nada importa el servicio social que se le encomienda y solo el lucro millonario que genera la ayuda a domicilio le mueve”.
Las peticiones y los motivos que generan la conflictividad laboral son la dotación de EPI´S suficientes, de calidad y homologados a todas los trabajadores del sector como los que están preceptuados para el personal actualmente considerado sociosanitario; la eliminación de las contratas y subcontratas del SAD, pasando a ser servicios públicos municipalizados, eliminando con ello la precarización del empleo y el lucro de empresas privadas que “sin exponer absolutamente nada se enriquecen a costa de los presupuestos públicos”; la adaptación de los puestos de trabajo de las trabajadoras en situación de embarazo desde el mismo momento en que se comunique por estas a las empresas, como prevención y protección tanto para la madre como para el feto; la eliminación de las listas de espera de personas dependientes con necesidades de ayuda a domicilio y fomento e implantación generalizada de este servicio social; el establecimiento de un valor mínimo neto por hora de trabajo para las auxiliares de ayuda a domicilio en 10 €/hora; el establecimiento de la jornada completa para el sector en 35h semanales máximo y la jornada mínima a tiempo parcial en 25 horas semanales; la compensación económica de las jornadas partidas con un 33% del salario base y limitación a un solo corte de la jornada diaria facilitando la conciliación laboral y familiar, no pudiendo existir en el corte más de 60 minutos de interrupción de su jornada.
Por otro lado, la ley de Dependencia 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, va camino de cumplir 14 años y parece que quedan muchos objetivos sin cumplir. Desde hace 14 largos años la Junta de Andalucía está congelando el precio hora de trabajo. A las personas trabajadoras de ayuda domiciliaria no se les reconoce su esencial trabajo, no sólo económicamente, sino permitiendo “condiciones contractuales próximas a la esclavitud, amén de no asumir y reconocer la capacitación socio-sanitaria de su labor”.
